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¿Hay derecho? de Sansón Carrasco – Apuntes Breves

Posted by Raul Barral Tamayo en Martes, 28 de abril, 2015


© Fernando Gomá Lanzón, Ignacio Gomá Lanzón, Elisa de la nuez Sánchez-Cascado, Fernando Rodríguez Prieto y Rodrigo Tena Arregui, 2014.
Editorial: Ediciones Península.

¿Es España de verdad un Estado de derecho? El imperio de la ley, ¿es realmente lo que define, enmarca y condiciona nuestras relaciones de convivencia? La justicia, sus protagonistas y las instituciones judiciales, ¿son las que nos merecemos? Y sobre todo: ¿están a la altura de lo que demanda la sociedad española?

Nadie discute que en España el Estado de derecho atraviesa hoy una situación delicada. Todo el entramado institucional creado para salvaguardarlo, desde el proceso inicial de generación de normas hasta su aplicación final por la judicatura o por la Administración Pública, está amenazado de derribo y se muestra en ocasiones demasiado débil para taponar las grietas por las que se filtran los intereses particulares de los más poderosos o simplemente de los más desvergonzados.

La defensa del Estado de derecho pasa por obligar a nuestros dirigentes a tomar conciencia de su responsabilidad, denunciando sus excesos y sus carencias si es necesario, que es justo lo que hacen en este libro varios de los editores del blog jurídico más importante de nuestro país. Porque depende de nosotros conseguir que vivamos en un Estado que respete los compromisos adquiridos entre todos y en el que se pueda decir, sin reparos, que sí hay derecho.

Sansón Carrasco. Un personaje de Cervantes, el bachiller Sansón Carrasco o, lo que es lo mismo, el Caballero de la Blanca Luna que vence a don Quijote, es el nombre escogido como seudónimo colectivo por los cinco autores de este libro, editores del blog del mismo título:

Elisa de la Nuez es abogado del Estado, fundadora y coeditora del blog ¿Hay derecho? Ha desarrollado su actividad profesional en la Administración Pública, en el sector público y en el sector privado, en el que ha fundado su propia empresa, Iclaves, especializada en estudios y proyectos de nuevas tecnologías y la sociedad de la información. Es especialista en transparencia y buen gobierno. Publica habitualmente en diversos medios y en iniciativas de la sociedad civil para la regeneración democrática, entre ellas el Manifiesto de los 100 para la reforma de los partidos políticos.

Fernando Gomá Lanzón es notario, fundador y coeditor de ¿Hay derecho? y presidente de honor de la plataforma cultural y educativa Qué Aprendemos Hoy. Forma parte de la comisión del consumidor del Consejo General del Notariado y ha publicado numerosos trabajos y artículos jurídicos en revistas especializadas y periódicos, muchos de ellos relacionados con cuestiones relativas al consumidor y nuevas tecnologías. Es miembro del consejo de administración de la Agencia Notarial de Certificación, la sociedad tecnológica del notariado español.

Ignacio Gomá Lanzón es notario, miembro del consejo de redacción y del de dirección de la revista El Notario del siglo XXI y coeditor de ¿Hay derecho? Es autor de numerosas publicaciones y ha participado como conferenciante en numerosos congresos, seminarios y reuniones profesionales, tanto a nivel nacional como internacional, entre otras, en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, en la Academia Matritense del Notariado y en Harvard. Ha sido miembro de la junta directiva del Colegio Notarial de Madrid y es mediador y patrono de la Fundación Notarial Signum para la Resolución Alternativa de Conflictos.

Fernando Rodríguez Prieto es notario, editor y fundador de ¿Hay derecho? Es también mediador, experto en sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos y patrono de la Fundación Notarial Signum para la Resolución Alternativa de Conflictos. Ha publicado diversos trabajos y artículos sobre materias de Derecho civil, mercantil e hipotecario, así como sobre cooperación al desarrollo institucional y responsabilidad social corporativa. Ha sido conferenciante y participado en numerosas mesas redondas y es miembro de la Junta directiva del Colegio Notarial de Madrid.

Rodrigo Tena Arregui es notario y ha sido profesor de Derecho civil en la Universidad de Zaragoza y en la Universidad Complutense de Madrid y de Derecho documental en la Universidad Juan Carlos I de Madrid. Es fundador y coeditor del blog ¿Hay derecho? y miembro del consejo de redacción y subdirector de la revista El Notario del siglo XXI. Ha publicado un elevado número de trabajos sobre materias propias de su especialidad, aparte de colaboraciones periódicas en los diarios El País, El Mundo, Cinco Días, Expansión y en la revista Claves de razón práctica. Es autor del ensayo Ocho minutos de Arco (2005).

Algunas de las cosillas que aprendí leyendo este libro que no tienen porque ser ni ciertas ni falsas ni todo lo contrario:

  • La degradación del Estado de Derecho conduce a la injusticia y a la desigualdad, y con el tiempo llegará, si no es que ha llegado ya, la pobreza y la desprotección de los más débiles.
  • Lo qeu está pasando en España es un problema institucional y jurídico-político, pero también un problema individual, de cada uno de nosotros, y de la sociedad civil en su conjunto.
  • La vida está llena de injusticias y muchas son inevitables.
  • El poder democrático es siempre, por definición, un poder limitado por normas.
  • El poder incontrolado es siempre “extractivo”.
  • Las élites políticas nunca “extraen” solas, sino que para ello necesitan del concurso de otras élites sociales y económicas.
  • La explicación es doble, y cabe resumirla en dos palabras: incompetencia y corrupción.
  • El poder a sus anchas es la principal fuente de corrupción.
  • Existe otra corrupción menos aparente y sin embargo políticamente mucho más peligrosa. Se manifiesta en la íntima connivencia entre el poder de los partidos y el poder económico.
  • Una de las características del poder no sujeto a control es su natural tendencia a expandirse.
  • El asalto al poder judicial realizado por nuestros partidos constituye una de las mayores amenazas que se ciernen en la actualidad sobre nuestro sistema democrático y nuestro Estado de Derecho.
  • Sin jueces que apliquen las normas de manera imparcial y homogénea, o que las anulen cuando proceda, el principio de igualdad ante la ley no dejará de ser un mero argumento retórico sin virtualidad real alguna.
  • El mal es la certidumbre de la impunidad.
  • La hipocresía es tolerable. Una sociedad hipócrita es una sociedad que reconoce la existencia de ciertos valores y, por eso mismo, donde al menos existe una cierta capacidad de regeneración.
  • Toda democracia digna de ese nombre atribuye a sus ciudadanos una misión fundamental, que es la de vigilante activo del propio entramado institucional, del que todo depende.
  • Si nuestra clase política demuestra tal capacidad de resistencia frente a los cambios es también porque ha sabido construir una red clientelear generadora de múltiples complicidades que ha penetrado profundamente en el cuerpo social.
  • Rudolph von Ihering, gran jurista: “La actitud de un hombre o de un pueblo en presencia de un atentado cometido contra su derecho es la piedra de toque más segura para juzgarle”.
  • Sin saber lo que ha pasado, es completamente imposible entender, y menos aún, arreglar nada.
  • No somos una anomalía en comparación con los países cercanos. En principio, hemos seguido, si bien con cierto retraso, una evolución muy semejante a la de nuestros vecinos europeos.
  • El problema es que, cuando el partido de turno comprobaba que sus excesos no eran sancionados por su propio electorado, no tenía ningún incentivo en corregirlos.
  • El problema está en nuestra educación en general y en nuestra educación cívica en particular.
  • El marco jurídico-político diseñado en 1978 ya no nos sirve en su integridad y debe reformarse en aspectos esenciales.
  • La Constitución es sólo un texto, muy importante sin duda, pero un papel y al fin y al cabo y, como solemos decir los juristas, el papel lo aguanta todo. Algo completamente diferente es que lo que dice ese papel se cumpla en la práctica. Porque lo cierto es que no lo hace.
  • Robert A. Dahl, las instituciones políticas básicas de una democracia “a gran escala”:
    • Cargos públicos electos.
    • Elecciones libres, imparciales y frecuentes.
    • Libertad de expresión.
    • Fuentes alternativas de información.
    • Autonomía de la sociedad civil.
    • Ciudadanía inclusiva.
  • En una democracia los ciudadanos tienen que estar en condiciones de gobernarse a sí mismos, y para eso necesitan, capacidad de comprender y de decidir sobre los asuntos políticos que se les plantean.
  • Es muy importante no confundir una democracia de calidad con un Estado de partidos o una partitocracia, que es lo que tenemos en España.
  • En el Parlamento no hay debates dignos de tal nombre, y mucho menos deliberaciones. Son debates hueros, de cara a la galería y a la respectiva parroquía.
  • Los debates del estado de la nación dejan bien claro que lo que realmente se le exige a un diputado es que aplauda mucho a su líder de filas, a ser posible en pie y en actitud reverente.
  • Para tener una idea clara de cómo y cuándo se inició el deterioro del Tribunal Constitucional basta pensar en una abeja.
  • Es necesario adoptar una serie de medidas de regeneración institucional dirigidas a exigir de una vez la democracia interna de los partidos políticos, controlar su financiación y acabar con la autorregulación y su ocupación sistemática de todas y cada una de nuestras instituciones.
  • Nuestro ordenamiento jurídico está gordo. En la actualidad existen más de cien mil normas vigentes en nuestros país. Se ha calculado que en España se publican un millón de páginas en boletines oficiales cada año.
  • Ya dijo Cicerón que si no es absolutamente necesario que exista una norma entonces es absolutamente necesario que no exista.
  • El exceso de normas crea enormes distorsiones en su aplicación, es muy ineficiente e incluso algo peor: llevado al extremo puede ser una herramienta muy poco democrática de control de los ciudadanos.
  • Tácito: “Cuantas más leyes tiene un Estado, más corrupto es”.
  • El abuso del decreto ley es al mismo tiempo una causa y un efecto de la degradación actual del Parlamento español.
  • Legislar mal es una receta segura para empeorar la situación de la justicia.
  • El derecho penal siempre ha sido la ultima ratio, la última barrera, es decir, sólo se debe castigar penalmente lo que no tiene solución de otro modo.
  • Los controles existieron originariamente, en particular en la Administración del Estado y en las administraciones locales, e incluso subsisten todavía algunos restos, pero en general en los últimos años han sido desmantelados más o menos sistemáticamente.
  • Por contraposición a la falta de legitimación democrática del régimen, se reconocía y se respetaba la legitimación profesional de los altos funcionarios encuadrados en los grandes cuerpos de la Administración.
  • Estamos ante una miríada de entidades públicas en las que ya no suele haber funcionarios, sino empleados públicos.
  • La buena noticia es que todavía quedan unos pocos funcionarios heroicos que saben decir no y que resisten siempre al invasor, el político o jefe de turno. Eso sí, con un enorme coste personal. La mala noticia es que también hay funcionarios dispuestos a venderse y a colaborar con el invasor.
  • No hay ninguna reforma real en marcha para reforzar la independencia y la neutralidad de los interventores, ni mucho menos para protegerles cuando denuncian tramas de corrupción y delitos.
  • Desde el primer minuto el CGPJ fue un campo de batalla partidista tanto en la elección de sus vocales como en su funcionamiento.
  • El método elegido por los partidos para controlar el CGPJ no está exento de habilidad: se nombra a jueces que ya estén significados políticamente a favor del PP (miembros de la Asociación Profesionalo de la Magistratura, la mayoritaria) o del PSOE (alienados con Jueces para la Democracia, que es la tercera), y se ningunea a los que no lo estén.
  • Los jueces, como colectivo, no han sido suficientemente ejemplares, han sido parte del problema que se ha creado y deben ser los primeros en ser parte de la solución, si es que quieren recuperar una credibilidad ante la sociedad civil de la que ahora nos tememos que carecen en gran medida.
  • Otra propuesta propugna que el acceso al CGPJ suponga el final de la carrera de los candidatos, que serían vitalicios. Si para los elegidos se trata de la culminación de su carrera profesional pondrán más empeño en realizar sus funciones de manera independiente y ejemplar.
  • En la justicia española no hay una unidad de criterio ni de dirección. Nadie tiene completa capacidad para definir los principios y los incentivos de la organización, ni en su conjunto ni en cada uno de los juzgados. El control de la Administración de Justicia se lo reparten entre el CGPJ, el Gobierno y la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
  • No existe un plan nacional integral de inversiones en materia de Administración de Justicia.
  • Todo el mundo sabe que la justicia en España funciona muy mal, es muy lenta y sus decisiones son poco predecibles. Pues bien, ese es precisamente el problema, que todo el mundo lo sabe. Por ello, no resultan nada infrecuentes las conductas estratégicas de tipo oportunista (moral hazard) que se aprovechan de esta situación.
  • En la judicatura española, el régimen de sanciones es casi aleatorio, ocn la prardójica consecuencia de que el juez serio y responsable vive sintiéndose permanentemente desincentivado y/o amenazado mientras que el caradura y vago campa prácticamente a sus anchas.
  • El juez irresponsable sabe que, incluso en el caso de ser efectivamente sancxionado (cosa que por muy vago que uno se a no suele suceder), el expediente tramitado por el CGPJ tiene muchas posibilidades de ser anulado por el Tribunal Supremo por defectos formales.
  • Una justicia eficiente, rápida, en la que los jueces alcanzasen los puestos más altos del escalafón en base a méritos objetivos constituiría una clara amenaza al poder.
  • En una democracia de baja calidad como es la nuestra, los jueces son casi el único recurso disponible, la última trinchera del Estado de derecho.
  • No es en absoluto razonable que lleguen a nuestros tribunales los problemas menores de los vecinos de una comunidad de propietarios o de los padres separados.
  • El crecimiento explosivo de la litigación no se ha producido simultáneamente en todo el mundo. En los Estados Unidos se adelantó unas décadas y empezó a ser un problema ya en los años sesenta del pasado siglo. Para afrontarlo decidieron desarrollar e impulsar, de la forma descentralizada que caracteriza a esta nación, sistemas extrajudiciales de resolución, los Alternative Dispute Resolution (ADR). Entre ellos, los tradicionales como el arbitraje, y también otros nuevos, como la moderna mediación.
  • El Tribunal de Cuentas es el ejemplo paradigmático de organismo de control diseñado legalmente para ser independiente y que en la práctica está dominado por aquéllos que tienen que ser controlados.
  • Las instituciones de control están suficientemente reguladas en las leyes, el problema es que éstas no se cumplen.
  • En España se promulgan leyes particulares, es decir, leyes a la medida de un colectivo o incluso de una persona física. Lo que todavía es más grave, porque en estas normas ni siquiera se respetan las apariencias formales.
  • El poder político puede interferir en los movimientos asociativos surgidos de la sociedad civil de forma muy diversa. Si lo que quiere es desactivar su fuerza social y su capacidad de influencia, un posible camino es la represión.  Otra vía, mucho más sencilla y más discreta, financiándolos desprendidamente. Una buena subvención, una generosa puesta a disposición de recursos en favor de los dirigentes de estos movimientos y asociaciones puede domesticar al luchador más fiero. Una forma sofisticada y oculta de soborno que nadie percibe como tal y que deja las conciencias muy tranquilas.
  • La cultura de la subvención fomenta la dependencia del poder político subvencionador. El subsidiado no sólo prescinde de casi cualquier forma de rebeldía que no se a puramente cosmética, sino que matiza siempre las críticas para que su financiación no corra peligro.
  • No existe nada como la dependencia económica para generar complicidades y confluencias de intereses.
  • Si queremos crear una sociedad civil robusta, capaz de luchar por la regeneración política y económica del país, el primer paso es conseguir que sus principales agentes se coordinen con sus intereses, y no con los de sus élites extractivas, como ocurre ahora.
  • Hobbes consideraba que los hombres, en el estado de naturaleza, cedían sus derechos individuales a un soberano fuerte a cambio de protección.
  • Locke creía que cada persona suscribía un contrato con las demás para establecer un determinado tipo de Gobierno con la posibilidad de modificarlo o incluso abolirlo.
  • Rousseau sostenía que los hombres, mediante un contrato social, renuncian voluntariamente a un estado de natural inocencia para someterse a las reglas de la sociedad, a cambio de obtener los beneficios mayores que son inherentes al intercambio social.
  • Es difícil garantizar una buena convivencia en una sociedad si todo lo fiamos a la Guardia Civil. Un elemento fundamental en toda sociedad sana es el de la confianza mutua, que se genera cuando esperamos que los demás cumplan con su palabra y no sólo con sus obligaciones jurídicas.
  • Lamentablemente, lo que dice la Constitución sobre los partidos políticos tiene poco que ver hoy con la realidad. Podemos afirmar que nuestros partidos funcionan muy mal, carecen en absoluto de democracia interna, de mecanismos de depuración de responsabilidades y de cauces de participación para la ciudadanía. Los sistemas de designación de los candidatos son casi exclusivamente a dedo, de modo que no hay competencia real entre personas y proyectos.

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7 comentarios to “¿Hay derecho? de Sansón Carrasco – Apuntes Breves”

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